LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - CANARIAS AHORA
La asociación estatal de Directores y Gerentes Sociales lamenta el "empecinamiento" de la región en "no aplicar las prestaciones y los servicios".
La asociación estatal de Directores y Gerentes Sociales informa en un comunicado que, por el contrario, se mantiene invariable el "empecinamiento" de otras cinco comunidades en no aplicar las prestaciones y servicios que esta Ley contempla, "poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica". Estas regiones son Canarias (0,5 puntos), que tiene a Inés Rojas como máxima responsable del área, C. Valenciana ( 1,5 puntos), Asturias, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla (territorios IMSERSO), que suspenden en la aplicación de la escala.
El 'limbo de la dependencia' Con los datos oficiales a fecha 1 de Junio de 2011, 309.800 personas se encuentran en el denominado limbo de la dependencia. Estas personas tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aún no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones. Canarias, con un 60 % de las personas con derecho reconocido que no tienen aún aprobado el correspondiente servicio o prestación económica, y las comunidades de Galicia, Baleares y la Comunidad de Valencia, son las regiones donde esta situación es más preocupante, mientras que en La Rioja con sólo un 11%, es donde menor es este limbo de la dependencia. En el conjunto del Estado, el porcentaje es del 31%.
Modelo de financiación El Observatorio ha conocido y analizado un detallado informe sobre financiación del Sistema, presentado por uno de sus miembros, Luis Barriga, que pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %) y las Comunidades Autónomas (52 %) y el resto los propios usuarios mediante el copago (14 %) en el coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas. Evidencia también los graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras Comunidades. Así, mientras que en La Rioja, las Administraciones Públicas gastan 183 euros por habitante en 2010 en atención a la Dependencia, en Canarias este gasto es más de 5 veces menor, con solo 32 euros (la media estatal es de 102).
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se reafirma en su propuesta de que la financiación se determine en función del coste efectivo de los Servicios y Prestaciones Económicas que se proporcionan. De esta manera, "se evitará la perversión actual de que aquellas comunidades que optan por prestar servicios de calidad se vean enormemente perjudicadas económicamente frente a aquellas que sobredimensionan las prestaciones económicas (más baratas) o de servicios con menor intensidad o de menor calidad, algunas de las cuales pueden incluso llegar a hacer caja con la aportación estatal. Es necesario conocer el incremento de gasto real que el Sistema de la Dependencia ha supuesto para las comunidades, ya que en este momento se incluyen gastos que venían realizando en Servicios Sociales".
Sobredimensionamiento de cuidadores no profesionales A pesar de su carácter excepcional según la propia Ley, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, sigue, a juicio de la asociacion, sobredimensionada, ya que la recibe casi el 55 % de los beneficiarios del sistema. Y la tendencia no sólo no se reduce sino que continúa siendo creciente. En número absolutos, 401.176 personas reciben esta prestación frente a sólo 110.586 que reciben servicios profesionalizados de Ayuda a Domicilio, o 51.765 en Centros de Día.
Falta de transparencia informativa El Observatorio ha denunciado las deficiencias del Sistema de Información oficial del Sistema, así como el "incumplimiento de los acuerdos" en esta materia por el Consejo Territorial, según los cuales en julio de 2010 deberían haberse publicado los datos más detallados del nuevo Sistema de Información, y que a fecha diciembre de 2010 aún no se ha producido. Para la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es "inadmisible" que no se haya cumplido el artículo de la Ley que obliga hacer una evaluación a los cuatro años de aplicación. "La falta de datos precisos para esta evaluación y, sobre todo, la falta de un amplio y trasparente proceso participativo en la misma, es algo muy grave que debe ser inmediatamente corregido. Lo mismo pasa con el informe bianual que publica el Observatorio de personas mayores del IMSERSO y que está pendiente", señalan.
Además, critican la "ocultación" de determinados informes o a las dificultades para acceder de determinados datos, lo que les ha obligado, en ocasiones, "a actuar al estilo Wikileaks, cuando hemos tenido la oportunidad de acceder a algunos de estos informes que la correspondientes Administraciones estaban tratando de que no se conocieran. Y como en el caso de Wikileaks, no exento de amenazas y presiones por quienes siguen empeñados en que la ciudadanía no conozca como se está desarrollando este ámbito de la protección social", añaden.
Fuente: Canarias Ahora 20/06/2011
