Yo voy a la huelga

El Gobierno español ha enmendado sus propios planteamientos iniciales, provocando un giro radical en su política económica y social. Ahora se orienta de forma clara hacia un severo recorte del gasto público, rebaja esta que recae fundamentalmente sobre las espaldas de los pensionistas, empleados públicos, funcionarios y trabajadores en general. Además, reduce de forma drástica la inversión pública, aspecto que afectará al crecimiento económico y como consecuencia a la creación de empleo. Por otra parte y para contentar a los empresarios se está imponiendo una reforma laboral que recorta derechos laborales a los trabajadores.

El problema del paro en este país no radica exclusivamente en el mercado de trabajo, pues con la normativa laboral que precedía a la que se acaba de imponer, todavía era posible crear empleo en épocas de estabilidad económica. El conflicto en que estamos inmersos se basa en la caída de la demanda, surgida como consecuencia del descenso de la masa salarial y de la inseguridad económica.

Es momento de reflexionar sobre el modelo de producción y de aprovechar la crisis para que las Universidades transfieran sus conocimientos a las empresas, incidiendo sobre el valor añadido que esto les confiere. Del mismo modo, es muy interesante la introducción en las mismas de las nuevas tecnologías así como del I+D+I. Por ello, las Universidades no deberían estar sujetas a las exigencias del PIB sino que ese gasto se debería entender como una inversión de futuro.

El plan de austeridad necesario en las universidades para mejorar su gestión y reorganizar el mapa de titulaciones al amparo del EEES no debe verse afectado para desarrollar unas políticas universitarias que respondan a las exigencias de la sociedad.

En la enseñanza no universitaria preocupa, de manera especial, el recorte del número de profesores por centro, prácticamente en todas las comunidades autónomas (Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña y Galicia). Junto a esta reducción generalizada de las plantillas, el profesorado verá reducidas las ayudas con que contaba para su propia formación mientras que, por el contrario, se incrementará el número de alumnos por aula.

También las enseñanzas de FP deberían incluirse en el saco de los damnificados. Nos preocupa que la falta de alumnado de algunas carreras universitarias conduzcan a las propias universidades a fijarse en los alumnos de los ciclos de grado superior, generando confusión entre las propias administraciones educativas. Además, y frente al aumento progresivo de la demanda de la FP, las Administraciones siguen ofertando un número insuficiente de plazas, como ocurre en el caso de Murcia, Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

Así pues, los trabajadores de la enseñanza tenemos motivos suficientes para ir a la huelga. Al finalizar el curso pasado nos rebajaron el sueldo y al comenzar el presente empeoran nuestras condiciones laborales.

El Gobierno español, en su primera etapa, fue apoyado por una gran mayoría por desarrollar políticas sociales que trataban de igualar en derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, el ejecutivo ha dado un giro en sus políticas de actuación, adoptando una postura pragmática que le ha conducido a buscar fórmulas neoliberales para salir de la crisis, dándole la espalda a un nutrido grupo de ciudadanos que se habían identificado con su línea de acción.

Empezó con “el decretazo”, que rebajaba el sueldo de los empleados públicos; esta era una manera de desvirtuar y degradar a este colectivo ante los ojos de la sociedad, además de acarrear la consiguiente reducción de su capacidad adquisitiva.

“El decretazo” rompía con los acuerdos firmados entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, con la consiguiente pérdida de credibilidad ante los ojos de los trabajadores, puesto que no es serio que un Gobierno incumpla un compromiso de tal calibre.

Ante este hecho, los sindicatos no tuvimos más remedio que convocar una huelga, no sólo para manifestar nuestro rechazo ante tales medidas sino para defender la propia dignidad de la función pública.

En la enseñanza, estas medidas restrictivas van a tener consecuencias en el propio sistema educativo, pues repercutirá sobre las ofertas de empleo público y definitivamente, no se cumplirá con el compromiso de reducir la interinidad a un 8%. El día a día de los centros educativos se verá condicionado por los recortes presupuestarios en educación y, sus trabajadores, como el resto de empleados públicos, sufrirán, además del recorte del 5% de media en el salario, la congelación prevista para 2011 y las reducciones de las pagas extraordinarias.

El día 29 de septiembre yo iré a la huelga, no sólo porque no quiero que ante la posibilidad de nuevos ajustes se nos vuelva a rebajar el sueldo, sino que como ciudadano deseo manifestarle al Gobierno que los trabajadores no somos los culpables de esta crisis y por tanto no debemos ser los paganos de la misma. No queremos decretazos en la función pública, ni recorte de las pensiones ni cualquier otra reforma laboral que suponga un paso atrás. Lo que es verdaderamente necesario es el desarrollo de otras políticas económicas que promuevan el repunte y salida de la crisis.

FETE-UGT